Fernando González Urbanega | La junta de accionistas de Ferrovial transcurrió con aparente calma y se logró el consenso de los asistentes con un 76% y un 93% de los votos a favor de la decisión de trasladar la sede de la compañía a Holanda. Toda la polvareda que se arremolinó en torno al acuerdo de traslado de la sede de la sociedad no sirvió de nada a los accionistas de la compañía, que aprobaron la propuesta del consejo sin críticas y sin más rechazo que el del 5% de los accionistas (el 4,5% en manos de uno de los herederos separados de la administración).
Lo que rodeó esta decisión comercial fue desmesurado, con una intensa, fútil y excesiva injerencia del gobierno, que durante cinco semanas prohibió el procedimiento con argumentos que no afectaban a una aportación muy profesional encabezada por fondos de inversión, constitución y gestión familiar, a los que el desconocimiento o ausencia no podría ser atribuida.
La falta de moderación viene porque los efectos sobre la economía española, la marca española o el prestigio del país son irrelevantes. No es la primera empresa española que mejora su sede, ni es la primera empresa europea que elige Holanda. Y no será el último. Existen razones económicas suficientes para ubicar la sede en Amsterdam, al igual que existen ventajas fiscales para la constitución en Irlanda, Luxemburgo o los consejos regionales españoles.
Sobre todo, existe la libertad de constitución para que las empresas y los ciudadanos puedan decidir libremente dónde constituirse en estricto cumplimiento de la legislación vigente. El apasionado debate sobre la nacionalidad no es más que apasionado y la nacionalidad dice poco a los inversores globales que buscan lo mejor desde el punto de vista financiero.
Lo que llama la atención en este caso es la agresividad del Gobierno en forma de sucesivas y autorizadas declaraciones de los ministros, incluido el presidente, entre censuras y amenazas al Consejo de Ferrovial para rectificar la situación. Argumentos como el deber del gobierno de informar a los accionistas de la “verdad” (un concepto extraño) son como si estos accionistas profesionales estuvieran viviendo en la ignorancia. Las amenazas financieras lanzadas por el Ministro de Hacienda y el Ministro de Seguridad Social son temerarias y alejadas de las normas y costumbres de las sociedades cotizadas.
La discusión es excesiva, efímera, desenfocada, exagerada y politizada en el peor sentido de la palabra. Con la cantidad de problemas a los que se enfrenta cualquier gobierno en una situación como la actual, dedicar esfuerzos y horas donde debería estar la sede de un grupo multinacional es tan absurdo como retrógrado.
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