Ultimátum de 72 horas para Naciones Unidas en Caracas
En un sorprendente movimiento, el gobierno venezolano ha ordenado el cierre de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela, como represalia por las críticas al encarcelamiento de Rocío San Miguel, activista hispanovenezolana. San Miguel, quien se encuentra recluida en la siniestra cárcel de El Helicoide, ha sido acusada de terrorismo, conspiración y traición a la patria.
El canciller revolucionario ha calificado el papel de la ONU como impropio y la acusa de favorecer a grupos golpistas y terroristas. Como resultado, los funcionarios de la oficina del Alto Comisionado tienen tres días para abandonar el país, y el gobierno realizará una revisión integral de la cooperación técnica con la ONU.
El Alto Comisionado ha exigido la liberación inmediata y el respeto a los derechos legales de San Miguel, cuya detención ha sido considerada como una desaparición forzada. Ante esta situación, organizaciones venezolanas han pedido a la ONU que confirme el estado físico de San Miguel.
Además, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la Alimentación también visitó Caracas, y sus conclusiones sobre el sistema de control social del gobierno han generado inquietud en el chavismo.
Esta medida del cierre de la oficina de la ONU forma parte del guion de radicalización del chavismo ante las amenazas a su continuidad en el poder. Sin embargo, esta acción aumenta la desprotección de las víctimas y dificulta el escrutinio de los órganos internacionales de protección de derechos humanos.
No solo la oficina del Alto Comisionado ha sufrido el rechazo del gobierno venezolano, sino también la ONG Provea, que ha sido blanco de críticas por denuncias de desapariciones forzadas. En este escenario, es importante que la comunidad internacional mantenga su atención en la situación de Venezuela y exija el respeto a los derechos humanos y la liberación de los presos políticos.
