Cristina Herrero, directora del organismo independiente de responsabilidad financiera (Airef), calcula que las pensiones deberían revalorizarse al 9%, lo que costaría 13.500 millones de euros de los 15.000 millones de aumento de gasto recomendados para 2023. Esto dejaría al Gobierno sin margen para aumentar gasto social o defensivo.
Herrero advirtió que “la inflación aumenta los ingresos a corto plazo pero deteriora las finanzas públicas a medio plazo porque presiona al alza el gasto, y en este sentido el ejemplo más típico es el aumento del gasto en pensiones que se producirá el próximo año y que crecerá en torno al 9%”, señalando que la reforma de las pensiones vincula su apreciación con el índice de precios al consumo, lo que supondrá un incremento de la factura pública en unos 13.500 millones de euros. En este punto, Herrero ha defendido que para soportar tal carga de nuevo gasto estructural, el Estado debe buscar paralelamente los ingresos estructurales.
Herrero señaló que la Comisión Europea ya ha recomendado a países muy endeudados, como España, que no aumenten su gasto corriente por encima de su crecimiento potencial, que en el caso de España limita el aumento a unos 15.000 millones de euros. Señaló el gasto ya previsto en pensiones, señalando que “el crecimiento del resto del gasto corriente será prácticamente nulo”. En otras palabras, el gobierno no tendrá margen para impulsar la mayor inversión en defensa comprometida por la OTAN o el gasto social que ha prometido a sus socios parlamentarios a cambio de su apoyo presupuestario. No, al menos, sin alimentar de nuevo los déficits y la deuda, por lo que Herrero insistió en la necesidad de un plan de consolidación fiscal a medio plazo lo antes posible.
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