El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se encuentra en una situación complicada debido a la aplicación de la futura Ley de Amnistía, enfrentándose tanto a Junts como a la Unión Europea. El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley con medidas pactadas con la UE para recibir fondos de la iniciativa Next Generation, pero esto choca directamente con el Proyecto de la Ley de Amnistía.
Aunque el Decreto-ley ya entró en vigor en diciembre, necesita la convalidación del Congreso de los Diputados. Sin embargo, Junts ha anunciado que votará en contra de esta convalidación, lo que dejaría a España en una situación de incumplimiento frente a Europa, generando mayores tensiones en el seno del país.
En el Decreto-ley se encuentra incluido un cambio en el ámbito judicial que dificulta la aplicación de la ley de amnistía. Este cambio establece que los jueces deberán aplicar la amnistía de oficio, pero debido a la modificación introducida en el Decreto-ley, los procedimientos quedarían paralizados hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie al respecto.
El ‘no’ de Junts en el Congreso derivaría en la derogación de todas las medidas incluidas en el Real Decreto-ley, como la reforma de la Administración Pública, la Ley del Mecenazgo y la reforma del Régimen Local. Además de Junts, otros partidos como Vox, el Partido Popular (PP) y Podemos también votarán en contra de otros dos Reales Decretos-ley, lo que supondría su derogación.
En caso de que los tres Reales Decretos-ley sean derogados, el Gobierno se vería en la necesidad de buscar alternativas, como convertir estas normas en proyectos de ley o aprobar cada reforma de manera individual. Esta situación complica aún más la ya apretada agenda legislativa y política del país, generando incertidumbre sobre el futuro de estas importantes medidas.
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